Ricardo Jesús Rivas/ CAMBIO 22
CHETUMAL, 23 de octubre. – La Comisionada Presidenta del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IDAIPQROO), Magda Eugenia Lozano Ocman, compareció ante los diputados de la XVII Legislatura de Quintana Roo en el marco de la glosa del informe de gobierno.
Durante su comparecencia, proporcionó datos y cifras clave sobre el acceso a la información y la protección de datos personales en el estado.
Lozano Ocman comenzó su presentación destacando que en Quintana Roo existen 107 sujetos obligados por ley a transparentar y permitir el acceso a su información, así como a proteger y brindar un tratamiento adecuado de los datos personales en su posesión.
Estos sujetos obligados abarcan diversas instituciones, incluyendo el poder ejecutivo, legislativo y judicial, los municipios, órganos autónomos, la fiscalía especializada en combate a la corrupción, la auditoría superior del estado y los partidos políticos con registro vigente en el estado.
Durante el período de julio de 2022 a junio de 2023, se atendieron un total de 10,818 solicitudes de información pública por parte de diversos sujetos obligados, lo que demuestra una participación significativa por parte de los ciudadanos en el ejercicio del derecho de acceso a la información.
De estas solicitudes, el 58.1% se presentaron ante los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, mientras que el 28% se dirigió a los 11 municipios del estado.
Los órganos autónomos atendieron el 13% de las solicitudes, y los partidos políticos atendieron el 0.9%. Los sujetos obligados con el mayor número de solicitudes atendidas incluyen la fiscalía general del estado, Servicios Estatales de Salud, y varios municipios.
Entre los temas de mayor interés para los solicitantes de información se encuentran el directorio de funcionarios y la plantilla laboral, programas sociales, obras públicas, licitaciones públicas, informes financieros, resoluciones de los plenos y comités de transparencia, así como sentencias, compras públicas y contratos.
En cuanto a la herramienta más utilizada para presentar solicitudes de información, el 98% de las solicitudes se realizaron a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, mientras que el resto se hizo por escrito libre o vía telefónica.
De las 10,818 solicitudes de información recibidas, 8,563 fueron atendidas de manera satisfactoria, lo que representa un índice general de respuesta por competencia del 80%, indicando un alto nivel de eficiencia en la atención de solicitudes de información.
Un 14% de las respuestas proporcionadas orientaron al solicitante hacia el sujeto obligado adecuado para su solicitud, un 4% clasificaron la información como reservada o confidencial, y algunas aclararon la inexistencia de la información requerida. Un 2% de las solicitudes se encuentran en proceso de atención.
Los sujetos obligados que respondieron con mayor prontitud a las solicitudes de información fueron la auditoría superior, el poder legislativo y los partidos políticos, mientras que los poderes ejecutivo y judicial, así como los órganos autónomos, respondieron en plazos ligeramente más largos, y los municipios en hasta 10 días.
En cuanto a la protección y tratamiento de datos personales, se atendieron 172 solicitudes de derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición). El 56% de las respuestas se brindaron en los primeros 5 días hábiles.
En cuanto a las razones de inconformidad en las solicitudes de derechos ARCO, destacan la falta de respuesta, información incompleta, negativa a permitir la consulta, información incorrecta o inexistente, y falta de fundamentación o motivación adecuada.
Finalmente, Lozano Ocman mencionó la firma de un convenio específico de colaboración en materia administrativa, no fiscal, que permitirá al IDAIPQROO imponer multas por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, sancionando a servidores públicos que no cumplan con las determinaciones del pleno.
Esta comparecencia no proporcionó una visión detallada de la importancia del acceso a la información y la protección de datos personales en Quintana Roo, así como de los esfuerzos para garantizar el cumplimiento de la ley por parte de los sujetos obligados, porque los diputados no hicieron cuestionamientos para profundizar en la labor de la institución.
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